Los ingresos procedentes de los patrocinios son prácticamente la única fuente de beneficios para la mayoría del pelotón. Con una actividad financiera muy limitada en los países golpeados por el coronavirus, y sin carreras hasta junio (el escaparate de los sponsors), la economía del ciclismo se encuentra en serio peligro si la pandemia continúa su avance y aplazamientos y cancelaciones se acumulan.
Así, el Tour de Francia, que debería disputarse entre el 27 de junio y el 19 de julio, aparece como punto de inflexión. Se trata de la joya de la corona, el evento que más ganancias mueve con diferencia. Los mánagers reconocen que, si no se corre, la sostenibilidad de su deporte podría colapsar. Por eso nadie quiere hablar de cambiar sus fechas, sino de intentar blindarlo (se estudia incluso sin gente y a puerta cerrada). Una postura similar a la del Comité Olímpico Internacional (COI) y Japón con Tokio 2020, hasta que finalmente cedieron a retrasar los Juegos a 2021 (y empezaban más tarde que la ronda gala, el 24 de julio). La Vuelta (14 de agosto-6 de septiembre) sólo contempla su celebración.
Aquí surge otro cisma, el protagonizado históricamente entre la Unión Ciclista Internacional (UCI), los organizadores y los equipos en torno a la distribución de los derechos de televisión. ASO, la responsable de gran parte de las mejores competiciones del calendario (Tour, Vuelta, París-Niza, Dauphiné, Roubaix o Lieja), es la principal capitalizadora en la venta televisiva y de merchandising por delante de RCS, la empresa que gestiona Giro, Tirreno, San Remo o Lombardía. De ese dinero apenas llega una pequeña cantidad a las escuadras, como premios por resultados.
Todos estos obstáculos, que parecen el Everest para el World Tour, suponen unos retos casi infranqueables en categorías inferiores. Las formaciones más modestas se han quedado sin carreras ahora y no acudirán a las que se recoloquen después al no disponer de invitación, los auxiliares eventuales no tienen trabajo y algunas firmas se replantean ya su futuro. Aunque, hasta la fecha, se respetan presupuestos, nóminas (excepto el Astana, que no pagó dos meses antes de la rápida irrupción de la pandemia) y contratos, porque por ley hay que permanecer confinados y no se permite la práctica deportiva.