Posted by El presidente Rodrigo Cháves devolvió el expediente al Congreso alegando razones de oportunidad y constitucionalidad; los diputados deberán decidir ahora si aplican un resello.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, aplicó este martes un «doble veto» (por razones de conveniencia y de inconstitucionalidad) al proyecto de ley N.° 24.037 impulsado por la diputada Rosaura Méndez Gamboa, del Partido Liberación Nacional, el cual reformaba los artículos 2, 7 y 16 de la Ley para Regular los Eventos Deportivos en Vías Públicas Terrestres.
La decisión detiene, de momento, una reforma que buscaba exonerar a los organizadores de eventos con declaratoria de utilidad pública del pago por los servicios de la Policía de Tránsito, simplificar de permisos y la creación de un calendario anual de eventos, que debía presentarse cada febrero para evitar cruces de fechas.
El expediente legislativo 24.037 proponía modificar la Ley Nº 9920 para que organizaciones deportivas no tuvieran que pagar los costos operativos de custodia y cierre de vías. Aunque la iniciativa recibió el respaldo de 40 diputados en su segundo debate en febrero pasado, el Ejecutivo considera que la medida afecta las finanzas públicas y la operatividad de los cuerpos de seguridad.
Con este veto total, el mandatario señala que la ley no es oportuna en el contexto actual y presenta dudas sobre su viabilidad jurídica. Uno de los puntos más críticos de la reforma era la eliminación de la remuneración que recibe la Policía de Tránsito por estos servicios privados, lo que, según detractores de la ley, dejaría un vacío de recursos para el cuerpo policial.
Tras la notificación oficial al directorio del Congreso, el expediente regresa a manos de los diputados. Ahora, la corriente legislativa tiene dos caminos:
1.Aceptar las observaciones: Estudiar el veto en comisión y realizar las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo.
2.El Resello: Si los legisladores deciden mantener el texto original a pesar de la oposición del presidente, necesitarán una mayoría calificada de 38 votos para «resellar» la ley y obligar a su promulgación.
El sector deportivo ha seguido de cerca este proceso, argumentando que los altos costos de los operativos de tránsito limitan la realización de competencias nacionales. Por su parte, el Gobierno sostiene que los servicios de seguridad para eventos privados no deben ser financiados con fondos públicos o debilitar el presupuesto de la Policía de Tránsito.